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- Justicia y calidad en la educación, salud, protección social, seguridad ciudadana, sistema judicial y administración de la ciudad. La libertad de los individuos requiere que tengan capacidades efectivas para desarrollar sus proyectos, las que se apoyan en políticas sociales de calidad.
Durante los gobiernos de la Concertación hemos más que duplicado el gasto social, lo que ha permitido cubrir importantes necesidades. El efecto de este gasto permite que el 40% más pobre de los chilenos mejore su participación en el ingreso desde un 12,3% a un 16,7%. Si bien el gasto social logra reducir las brechas de ingresos, éstas siguen siendo una de las más elevadas del mundo. Nuestro desafío es mejorar la justicia y la calidad de las políticas sociales, para acortar las brechas de ingresos y, especialmente, crear una efectiva igualdad de oportunidades. Este es el camino por el que debemos continuar.
Mejorar la calidad de la educación es la viga maestra de todos los esfuerzos que hemos planteado, tanto por su aporte a la justicia social como por su importancia para dar el salto al desarrollo. Debemos encontrar nuevos incentivos y capacidades que promuevan la colaboración de los diversos participantes en el proceso educativo, especialmente de los profesores.
La educación es un proceso integral, que va desde la educación pre-escolar hasta la universidad. Nuestra meta en lo preescolar será la cobertura universal. Y atenderemos también la estimulación temprana de los niños. En el colegio impulsaremos una fuerte reforma de calidad. Ello nos permitirá asegurar nuevos estándares de equidad en el acceso a la educación superior.
El derecho de todos los chilenos a la atención médica y hospitalaria es un requisito para una efectiva justicia social. En los últimos años hemos dado pasos importantes en una reforma que mejora la cobertura y las garantías de salud a toda la población. Debemos continuar avanzando en la plena implementación de esta reforma, especialmente en la aplicación de los nuevos esquemas de gestión en el sector salud. Una vejez digna es también requisito para una efectiva justicia social. Nuestro actual sistema de protección social tiene debilidades, que se manifiestan con particular claridad en la baja cobertura y sus consecuencias en la calidad de vida de los adultos mayores. Esta es una situación que debemos atender para mantener un sistema eficiente, coherente con los principios de justicia que queremos para Chile. La ciudad es el escenario de nuestras relaciones cotidianas, que puede acercarnos o distanciarnos. Necesitamos más viviendas, pero también debemos preocuparnos de los espacios públicos donde transcurre parte de nuestras vidas. Asimismo, es necesario asegurar la eficiente aplicación de las reformas de los sistemas de trasporte público que se están desarrollando en las principales ciudades del país. La experiencia ha mostrado que la delincuencia es una de las fuentes más importantes de tensión y deterioro de las relaciones sociales. Debemos trabajar simultáneamente en varios niveles, como son fortalecer la capacidad de vigilancia de Carabineros, perfeccionar la legislación y los sistemas judiciales, aplicar los programas de prevención y comprometer a las comunidades. La participación social no solo es eficiente para reducir el crimen, sino que crea un ambiente de autoestima que hace más difícil su surgimiento. Con la Reforma Procesal Penal, en plena implementación, la administración de justicia está viviendo el cambio más importante de su historia. Con ella será posible el acceso igualitario al sistema judicial, que es una condición fundamental para una sociedad justa. El desafío es consolidar esta reforma y ampliar esta nueva justicia a nuevos ámbitos. Asimismo, el país debe tender a desarrollar mecanismos alternativos de resolución de conflictos y mediación, que eviten una judicialización innecesaria.